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SOPORTE JURÍDICO, a través de colaboradores habituales con amplia y contratada experiencia en el ámbito empresarial de la construcción y los servicios.


 

1. Obtención de licencias y permisos de todo tipo

EFICIA estudiará para cualquier operación inmobiliaria, la documentación aportada, realizará un análisis técnico de la situación real de los bienes: permisos, licencias, registro y estado físico y procederá a hacer un estudio de la documentación necesaria para llevar a cabo la operación.

En materia de urbanismo, destacamos nuestra intervención en todo tipo de procesos de ordenación, planeamiento, disciplina, ejecución y desarrollo urbanístico, asesorando tanto a las administraciones implicadas como a los interesados en estos procedimientos, facilitando la obtención y tramitación de licencias y permisos; y asumiendo la defensa, en su caso, de los derechos e intereses en la vía contencioso-administrativa.

2. Tramitación de subvenciones

Desde EFICIA podemos ayudarle a que opte a los programas de financiación pública de la administración local, estatal y europea, pues tramitamos todo tipo de subvenciones tanto para empresas asentadas, PYMES, instituciones y autónomos, como para todos aquellos proyectos para nuevas empresas y emprendedores que deseen beneficiarse de estas ayudas. Le ayudamos en la tramitación de subvenciones en programas regionales, nacionales y sobre todo internacionales que incluyen campos como la innovación, la energía, el comercio exterior, el medio ambiente y muchos más.

Las subvenciones son cuantías percibidas por los interesados como ayuda del Estado o de otra entidad. La finalidad de la misma puede ser: financiar gastos o la estructura fija, garantizar un rendimiento, compensar un déficit, etc. Por su carácter pueden ser no reintegrables o reintegrables y, por su naturaleza, dinerarias o no. Según sea su finalidad, se clasifican en subvenciones a la explotación, para financiar gastos específicos y para adquirir activos o condonar pasivos.

La subvención crea una relación jurídica que vincula a la Administración y al beneficiario. El beneficiario tiene, cumplidas las condiciones legales, un derecho a recibir la subvención, obligándose en consecuencia a realizar la actividad beneficiada. La Administración, que está obligada a entregar las sumas pertinentes, reserva para sí un haz de potestades: de fiscalización e inspección de la actividad beneficiada, de revocación frente al incumplimiento del beneficiario, de disciplina de tal actividad, en virtud de la cual puede imponer sanciones por la infracción.

Numerosas actividades económicas son subvencionadas hoy en día. Así, por ejemplo, la educación privada, el transporte, la agricultura, etc.

En España, las subvenciones están reguladas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

3. Constitución de filiales y nuevas empresas

Una vez que una empresa decide establecerse “físicamente” en el mercado objetivo a través de la creación de una empresa, ya sea productiva o sea una delegación comercial, EFICIA se hace cargo de la gestión integral de todo aquello necesario para conseguir la implantación: buscamos socios locales, legislación, apoyos locales y de nuestras instituciones y Programas de Ayudas a las implantaciones productivas y comerciales.

Se trata de la creación de una compañía mercantil de acuerdo con las normas españolas, con aportación del capital por parte de una empresa matriz domiciliada en el extranjero, siendo una persona jurídica independiente, con personalidad jurídica propia distinta de la matriz. Las filiales, aunque son sociedades con capital extranjero, son consideradas como residentes a todos los efectos.

La filial debe seguir para su creación los mismos trámites que una empresa española, más algunos previos por tratarse de una inversión procedente de una entidad extranjera, a saber:

  1. Acuerdo de la sociedad matriz
  2. Solicitud del nombre de la filial
  3. Constitución en cualquier entidad de crédito del depósito bancario
  4. Firma de la escritura pública de constitución
  5. Obtención del Número de Identificación Fiscal (NIF) provisional
  6. Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Este requisito es necesario para la inscripción de la filial en el Registro Mercantil.
  7. Inscripción en el Registro Mercantil.
  8. Solicitud del Número de Identificación Fiscal definitivo.
  9. Declaración en el Registro de Inversiones Extranjeras

Es muy importante asesorarse adecuadamente en cada una de estas fases y contar con los conocimientos y la especialización de profesionales con amplia experiencia en este tipo de procedimientos para que su tramitación sea lo menos ardua posible.

4. Gestión de contratos administrativos

EFICIA cuenta con amplia experiencia en materia de contratación administrativa, centrada en el diseño de la estructura de contratos, la elaboración de pliegos de cláusulas administrativas y demás documentos contractuales, el asesoramiento en las licitaciones, la redacción de informes y dictámenes y la asistencia, en general, en procedimientos relacionados con la impugnación, interpretación, modificación y resolución de contratos administrativos, tanto en vía administrativa (recurso especial en materia de contratación) como contencioso-administrativa.

EFICIA se hará cargo de la gestión de cualquier tipo de contrato administrativo, defendiendo los intereses de la empresa independientemente del tipo de contrato administrativo del que se trate:

  • CONTRATO ADMINISTRATIVO TÍPICO: Se consideran típicos porque se ajustan a los tipos regulados con detalle en la Ley, y salvo excepciones, son las figuras que tradicionalmente se han ajustado al concepto de contrato público por excelencia: contratos de obras, contratos de concesión de obras públicas, contratos de gestión de servicios públicos, contratos de suministro, contratos de servicios y contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado.
  • CONTRATO ADMINISTRATIVO MIXTO: Son una subcategoría de los contratos administrativos, caracterizados por contener prestaciones propias de varios tipos de contrato administrativo. Existiendo diversidad de normas aplicables para su adjudicación, se estará a la regulación de la prestación que dentro del contrato tenga un contenido económico mayor.
  • CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL: Los contratos administrativos especiales son aquellos que se vinculan al giro o tráfico específico de la Administración Pública contratante; o bien, aquellos que satisfagan directa e inmediatamente una finalidad pública que sea competencia de la Administración contratante.

La Administración, como cualquier particular, necesita contratar con terceros determinados servicios para atender a sus necesidades de funcionamiento. El contrato administrativo es una figura perteneciente al régimen de contratación del sector público de España. Su regulación general se recoge en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Los contratos administrativos se diferencian de los contratos civiles en función del sujeto, del objeto y de la causa del contrato, con una regulación jurídica específica, determinada fundamentalmente por una doble exigencia:

  • Las peculiaridades de los procedimientos de actuación de la Administración.
  • Las peculiaridades derivadas de la salvaguarda del interés público a la hora de garantizar el buen fin del objeto contractual.

Teniendo estos criterios como referencia, interesa resaltar que cuando la Administración necesita contratar con un tercero lo hará mediante un contrato administrativo o mediante un contrato privado, dependiendo de la voluntad del legislador la determinación de las modalidades de contratos que, en un momento social determinado, adquieran la condición de administrativos, en función de la propia evolución histórica de la actividad administrativa pública.

5. Tramitación de reclamaciones patrimoniales

EFICIA asume desde la recopilación de la documentación precisa hasta la redacción de la propia Reclamación Patrimonial con el soporte legal correspondiente, persiguiendo la obligación de reparación y de compensación económica, para tratar de devolver las cosas a su estado anterior a esos daños y perjuicios sufridos.

Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial tienen como finalidad indemnizar a los particulares de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, que el daño sea efectivo, evaluable económicamente, individualizado en relación con una persona o grupo de personas y que éstas no tengan el deber jurídico de soportarlo.

El reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración exige  la tramitación de un expediente administrativo antes de acudir a la vía judicial.

El procedimiento se inicia con la presentación de un escrito en el que se especifiquen las lesiones producidas, la relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público y la evaluación económica de los daños si es posible. El plazo de interposición de la reclamación es de un año desde que se produjo el hecho que causó el daño.

Tramitado el procedimiento por sus cauces según el objeto de la reclamación de que se trate, la resolución que se dicte pondrá fin a la vía administrativa (si no hubiera resolución expresa se entiende que la solicitud es desestimada –silencio administrativo-). En ese caso será posible interponer un recurso de reposición o bien recurrir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa.

6. Interposición de pliegos de descargo y recursos

EFICIA asume la redacción completa de cualquier pliego de descargo o escrito de alegaciones, en el plazo disponible desde la notificación de la denuncia, para que la empresa pueda presentar su defensa. Contendrá las alegaciones que la persona denunciada considere oportunas en su defensa y las pruebas que estime pertinentes haciendo constar expresa y únicamente los datos del denunciado y su firma.

Los recursos administrativos tienen por finalidad abrir una primera vía de revisión de la actividad administrativa ante la propia Administración a instancia de los interesados lesionados en sus derechos o intereses; pero además, estas técnicas quieren impedir que la Administración resulte enjuiciada sorpresivamente ante los Tribunales contencioso-administrativos.

Los recursos administrativos suponen, en principio, una garantía del particular, al que se permite alegar o discutir la validez u oportunidad de un acto administrativo ante la propia Administración autora del acto. Son, por tanto, el principal instrumento de justicia administrativa que el ordenamiento jurídico pone en manos de los ciudadanos para defenderse contra las posibles ilegalidades que puedan cometer las Administraciones Públicas. La finalidad de los recursos administrativos no es otra que la de lograr la revisión -por motivos de legalidad- de un acto administrativo determinado. Constituyen también, en muchos casos, un trámite previo y preceptivo para poder acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

 La clasificación más extendida de los recursos administrativos es aquella que distingue entre recursos ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios son aquellos que caben contra cualquier tipo de actos y que pueden fundarse en cualquier causa de nulidad o anulabilidad de las previstas en el ordenamiento jurídico. Son recursos ordinarios, el recurso de alzada y el recurso potestativo de reposición. En cambio, los recursos administrativos extraordinarios son aquellos que caben contra actos firmes en vía administrativa y que sólo pueden fundarse en alguna de las causas que, con carácter tasado, se establecen en la Ley. Es extraordinario el recurso de revisión.

En la tramitación de los procedimientos en vía de recurso se aplican, por regla general, los mismos principios del procedimiento administrativo común, con la particularidad de que, si hay terceros interesados, habrá de dárseles, necesariamente, traslado del escrito de recurso, para que puedan alegar lo que a su derecho convenga.

El procedimiento en vía de recurso puede terminar por cualquiera de los medios de terminación que se establecen en la Ley (desistimiento, renuncia, etc.), aun cuando el modo normal de terminación es por resolución, esto es, por el acto administrativo que va a decidir cuántas cuestiones se hayan planteado a lo largo del procedimiento. La resolución habrá de ser motivada, congruente y no puede agravarse la situación inicial del recurrente (prohibición de reformatio in peius).

7. Tramitación de expedientes en vía administrativa

EFICIA se hace cargo de la tramitación de expedientes en vía administrativa en todas sus fases, asegurando el cumplimiento de plazos y persiguiendo la resolución favorable del mismo.

El procedimiento administrativo es el que regula las relaciones entre los ciudadanos y la Administración Pública en sus actuaciones y garantiza el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Administración. A su vez, es el procedimiento de realización de la función administrativa, y, más concretamente, el modo de producción de los actos administrativos.

Así, el procedimiento administrativo  constituye una garantía de los derechos de los administrados, y a su vez se encarga asegurar la pronta y eficaz satisfacción del interés general mediante la adopción de las medidas y decisiones necesarias por los órganos de la Administración.

Los trámites que pueden conformar lo que podríamos denominar el procedimiento administrativo tipo, serían los siguientes:

  • Iniciación. Los procedimientos se pueden iniciar de oficio o a solicitud de persona interesada. En este último caso se inicia con el llamado escrito de solicitud (instancia) en la que debe figurar el nombre, apellidos, dirección y medio preferente a efectos de notificaciones; hechos, razones y petición que se dirige a la Administración; lugar, fecha, firma, e identificación del órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.
  • Instrucción. La instrucción es la fase que proporciona al órgano decisorio los elementos de juicio necesarios para una adecuada resolución. Comprende las actuaciones relativas a la prueba, informes y audiencia del interesado.
  • Finalización del procedimiento. El procedimiento finalizará normalmente mediante resolución, en la cual la Administración habrá de decidir todas las cuestiones planteadas por los interesados así como las que se deriven del expediente. Debe ser congruente con las peticiones formuladas por los ciudadanos, sin que en ningún caso quepa la agravación de las situación inicial.

Otras formas de finalización de los procedimientos son: mediante silencio administrativo; desistimiento; renuncia del derecho; imposibilidad material de continuarlos por causas sobrevenidas; la caducidad por inactividad de los administrados, o de la administración, o la llamada terminación convencional, para los supuestos en que las Administraciones públicas y los ciudadanos pongan fin al procedimiento mediante pactos, acuerdos, convenios o contratos, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción.

 El conocimiento del procedimiento administrativo, en el que confluye todo expediente administrativo, es esencial para una tramitación de éstos en la que se controlen y respeten las garantías y derechos de los particulares.

8. Contenciosos administrativos

EFICIA se hará cargo tanto de la redacción del escrito con el que se da inicio al recurso contencioso-administrativo como del documento en el que se contenga el acto que se recurre y aquellos otros que acrediten que se han cumplido los requisitos necesarios para poder interponer este recurso.

El recurso contencioso-administrativo es la reclamación judicial que se formula ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Por lo tanto, y pese al nombre inadecuado de recurso, se trata de una demanda que inicia un proceso jurisdiccional. En realidad, el recurso contencioso-administrativo es una primera instancia jurisdiccional a la que se llega tras haber agotado, en muchos casos, la vía gubernativa de los distintos recursos administrativos, entre los que se incluyen los económico-administrativos.

Se puede interponer contra las disposiciones de carácter general y contra los actos expresos y presuntos de la Administración Pública que pongan fin a la vía administrativa. También es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho.

Así, el procedimiento contencioso administrativo, en el que se enmarca el recurso contencioso administrativo, es el conjunto de actos y trámites que, encadenados secuencialmente entre sí, marcan el inicio, desarrollo y término de las reclamaciones deducidas ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Existe una primera fase de iniciación, en la que se plantea la pretensión procesal (demanda y contestación); a continuación, tiene lugar el período de alegaciones y el período de prueba en el trámite de vista o, en su lugar, de conclusiones; por último, el pronunciamiento de la sentencia y su ejecución.

EFICIA, además de ofrecer servicios de manera íntegra en todas las ramas del Derecho Administrativo, desde la contratación con la Administración, hasta la responsabilidad de la misma, pasando por las ayudas públicas, sanciones, recursos administrativos, expropiaciones forzosas, y sin olvidar el Derecho Urbanístico, ofrece un soporte integral en la tramitación de procedimientos contencioso-administrativos, a través de colaboradores con reconocida experiencia en este campo.

9. Acuerdos extrajudiciales

EFICIA pone su experiencia a disposición de la empresa para alcanzar cualquier tipo de acuerdo extrajudicial en temas como pagos periódicos o aplazados, mantenimiento de una relación comercial, etc. Para alcanzar un buen acuerdo EFICIA se implicará en conocer a fondo el conflicto, sus orígenes, su desarrollo, las pretensiones de las partes y su fundamento, y sobre todo los intereses futuros de todos los interesados, que se hallen directa o indirectamente implicados en ese conflicto.

En el caso de los acuerdos extrajudiciales de pagos, se hace cargo, tanto de la preparación de un plan de pagos como de su propuesta a los acreedores. El Acuerdo Extrajudicial de Pagos es un procedimiento ante funcionarios con experiencia y cualificación, como son el Registrador Mercantil o el Notario, a través del cual, con la ayuda de un mediador concursal, el deudor puede negociar un acuerdo con sus acreedores que le permita evitar el procedimiento concursal.

Podrán iniciar un Acuerdo Extrajudicial de Pagos los empresarios personas naturales que se encuentren en situación de insolvencia actual o inminente (que no puedan hacer frente regularmente a sus obligaciones exigibles o prevean que no van a poder cumplir tales obligaciones regular y puntualmente) si su pasivo no supera los cinco millones de euros, y también los empresarios personas jurídicas que se encuentren en situación de insolvencia si no tienen más de 50 acreedores o el valor de su pasivo o su activo no supera los cinco millones de euros, también han de disponer de activos líquidos para satisfacer los gastos del acuerdo y de patrimonio e ingresos previsibles que permitan lograr un acuerdo de pagos con éxito.

El deudor que pretenda alcanzar con sus acreedores un Acuerdo Extrajudicial de Pagos habrá de solicitar al Registrador Mercantil o al Notario de su domicilio el nombramiento de un mediador concursal acompañando a su solicitud la expresión de su activo y de su pasivo así como de los contratos vigentes, previsión flujos de caja, etc.

Durante un plazo de tres meses desde el inicio del expediente, los acreedores afectados por el posible Acuerdo Extrajudicial de Pagos no podrán iniciar o continuar ejecuciones contra el patrimonio del deudor. No obstante, hay que tener en cuenta que los acreedores con garantía real no tienen por qué verse afectados por el Acuerdo Extrajudicial de Pagos; tampoco los acreedores de derecho público.

El núcleo del procedimiento consiste en la convocatoria de los acreedores a una reunión en la que se debatirá y votará un plan de pagos y plan de viabilidad confeccionados por el mediador concursal con el consentimiento del deudor.